#55 / Noviembre-Diciembre 2022

La democracia directa

Activismo político entre algoritmos

Carol Galais

Las posiciones tradicionales a favor de la democracia directa –esto es, aquella en que los ciudadanos ejercen directamente el poder de decisión sin intermediarios– argumentan que este paradigma aporta un mayor grado de legitimidad a las decisiones políticas, mejora la representatividad de las mismas –al abrirlas a perfiles más populares–, aumenta la satisfacción de los ciudadanos, da una oportunidad a temas polémicos o relativos a minorías que los partidos no se atreven a afrontar, y abre la puerta así al cambio, a veces radical, y también a la resolución más o menos definitiva de conflictos sociales. Desde el punto de vista contrario, la irracionalidad y falta de competencias técnicas de la ciudadanía pueden derivar en decisiones subóptimas. La falta de interés y el exceso de oportunidades para participar conllevarían una tasa de participación baja, que choca con el elevado coste de organizar este tipo de procesos o mecanismos. La posibilidad de integrar a la ciudadanía en las decisiones públicas puede llevar a las autoridades a esquivar sus responsabilidades, y las decisiones resultantes pueden ser cortoplacistas, además de estar lastradas por una falta de coherencia. Cada oportunidad para que la ciudadanía se implique es también una oportunidad para que los grupos de interés traten de convencer a la ciudadanía en su beneficio–estando su poder de convicción en relación directa con sus recursos. Se trataría además de ocasiones que evidenciarían y profundizarían conflictos que, en el peor de los casos, podrían resultar en una mayor polarización social e incluso en una deriva populista o autoritaria, además de desconsiderada con las minorías (Bulmer, 2017).

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